NUEVA CULTURA

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 ¡NOS QUIEREN CONFUNDIDOS Y DISPERSOS!
Pronunciamiento de Nueva Cultura y el Movimiento Pedagógico Orlando Zapata, acerca de la situación interna de ADIDA (la Asociación de Institutores de Antioquia), filial de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores.

ADIDA se apresta a realizar su XXXIII asamblea. Luego de su trámite, se culminará otro proceso importante: la elección de la Junta directiva. Todos los maestros, sobre todo los maestros honestos preocupados por la vigencia de nuestra organización sindical, deben hacerse estas preguntas: ¿Qué resoluciones debe aprobar la asamblea? ¿Qué mandato debe dar a la junta y a las bases, cuáles orientaciones debe trazar la asamblea? y… ¿cuál es el carácter de los miembros de la nueva junta que los maestros debemos elegir? ¿Cómo debe ser la nueva junta? Aquí, desde Nueva Cultura y el Movimiento Pedagógico Orlando Zapata, presentamos algunas reflexiones que deben ser tenidas en cuenta.
El Estado, respondiendo a su naturaleza de representante y administrador de los intereses de las clases dominantes, al servicio del imperialismo y de los procesos de globalización desplegados contra los pueblos y a favor de los grandes monopolios, continúa orquestando todas las políticas públicas que le sean necesarias a la continuidad y profundización de la explotación y la opresión capitalista. Parte esencial de esas políticas, en la presente etapa, son las que tienen que ver con el intento de resolver a su favor la enorme crisis del capitalismo.
Avanzar en los proceso de privatización, haciendo de los derechos de los trabajadores y del pueblo una fuente de acumulación, de riqueza y de renta es un eje que los cuadros de la burguesía que controlan el aparato de estado y los engranajes del actual régimen político, necesitan profundizar, precisamente en la búsqueda de más numerosas y más eficientes fuentes de ganancias extraordinarias.
Para hacer más eficientes y expeditas esta políticas la burguesía requiere que los trabajadores y el pueblo en general estemos disperso y confundidos. Por eso intensifica las campañas ideológicas de sometimiento, control y confusión que nos deja sin posibilidades de entender la naturaleza de sus políticas, dificultándonos la tarea de identificar a sus agentes y representantes, sobre todo a los que actúan en el seno de las organizaciones de las masas.
El actual régimen se caracteriza porque ha profundizado los mecanismos corporativos, mediante los cuales coopta y pone a su servicio a las organizaciones naturales de las masas y a los partidos que actúan en el seno de la lucha de clases. Aquellas organizaciones que el régimen no logra controlar directamente y poner a su completo servicio, vienen siendo aniquiladas.
Las organizaciones sindicales son organizaciones que operan esencialmente en el campo de la lucha de resistencia. Conducidas con criterios clasistas, estas organizaciones pueden impedir que avancen las políticas públicas que el régimen impone contra los intereses de los trabajadores y el pueblo; y pueden, también, librar batallas avanzando en la conquista de reivindicaciones parciales en el terreno económico pero, además, en el cultural y político (disputa por el valor de la fuerza de trabajo, por las condicione materiales de existencia de los trabajadores y sus familias). También en este caso, al régimen, al estado y al gobierno que los representa, le serían más fáciles las cosas sin la existencia de los sindicatos, o con la existencia de sindicatos desorientados y erráticos.
Pero contra la existencia de los sindicatos, contra su orientación clasista, conspira no sólo el Estado, el régimen y el Gobierno de turno; también lo hacen las prácticas que al interior de la organización sindical despliegan quienes se alejan del punto de vista que la ideología del proletariado. Éste, es el caso de la actual situación que vive nuestro sindicato.
Por eso, es necesario identificar estas prácticas incorrectas y desterrarlas de nuestro sindicato, empezando por su presencia, desbocada ya, en las ejecutorias casi que cotidianas de la actual junta directiva y del grupo que hegemoniza, controla e impone su parecer, de espaldas a las bases. Veamos algunas de estas prácticas, observemos sus manifestaciones; ésas que los maestros comentan pero no se atreven a denunciar:

a. El lamentable estilo de la “perropolítica”: grotescos documentos donde la vida privada de los contradictores, infundios, verdades a medias y calumnias, son dados a conocer en el afán de desprestigiar a los representantes del “bando contrario”, sin parar en ningún tipo de consideración ética; al punto que, quienes esto practican, violan —incluso— las sociológicamente establecidas y reconocidas normas que el hampa criolla tiene para su actuar (“respetar a la madre y a las mujeres del enemigo”).

b. Manejar al sindicato y sus recursos como si fueran de la propiedad privada de quienes los administran. Esto se deja ver en frecuentes actuaciones tales como:
· En los periódicos, revistas, boletines, sólo se publican (o se privilegian y destacan) fotos, “tomas” y materiales de los compañeros que explícitamente dicen compartir las opiniones ideológicas y políticas de quienes “manejan” el sindicato,
· Sólo tienen acceso a los programas de radio y TV quienes hacen parte de los “acuerdos” que orientan al sindicato,
· La Escuela Sindical de ADIDA (ESA), funciona objetivamente como un organismo al servicio de un grupo político. Opera como su mecanismo principal para cooptar los activistas y engrosar las votaciones de este grupo político. Con el agravante de que cuando se necesita de urgencia un pronunciamiento y una orientación, sus dirigentes se declaran “inmaduros” para opinar al respecto, dejando a las bases en la estacada, condenados a su propia suerte,
· Muchos compañeros que actualmente prestan sus servicios remunerados al sindicato declaran, en privado, que simpatizan con las posiciones críticas y clasistas pero que deben “hacerle campaña” al grupo hegemónico, porque, de lo contrario, perderían el puesto,
· Los reclamos ante la entidad que presta los “servicios de salud” al magisterio dejan de ser reclamos colectivos para convertirse en favores personales que reciben los compañero de parte de uno u otro directivo, que les “consigue la cita, o el procedimiento” para ellos o sus familiares, de tal modo que los beneficiados con la “vuelta”… deben quedar “agradecidos” (y comprometer su “apoyo”),
· Los traslados, se convierten igualmente en mecanismos de control gamonal (“yo trabajo con fulano de tal porque él sí me puede conseguir o me consiguió el trasladito”),
· Una orientación u orden (por ejemplo del presidente del sindicato) puede negar el espacio para reunirse, a un grupo de activistas, incluso a organismos que desde hace muchos años vienen trabajando (por ejemplo en el CEID) si llega a ocurrir que alguno de sus miembros ha hecho algún pronunciamiento contrario a la política del grupo hegemónico (“siga escribiendo papelitos, que así nos vamos entendiendo…”, fue la cordial invitación que recibimos),
· Pero…, contrario a esto, no hay ningún problema en que los recurso físicos del sindicato (por ejemplo el teatro Luis Felipe Vélez) sea alquilado para que en él funcionen espacios de entidades como “familias en acción” y otros como las que generan estafas al pueblo colombiano (como las “funciones” que allí se hacen de “numerología” y otras prácticas similares que generan atraso y manipulación ideológica),

c. El anarco-sindicalismo ramplón. A nuestro sindicato están afiliados, como debe ser, docentes que militan en diferentes partidos o son apartidistas, que profesan las más diversas creencias religiosas o se declaran al margen de esta condición, que optan por unos u otros puntos de vista en el conjunto de la practica social. ADIDA es, tiene que ser una organización para la lucha de resistencia de los trabajadores de la educación ante la voracidad capitalista y ante las políticas reaccionarias y privatizadoras del régimen. No es ni debe ser un partido político; los estatutos vigentes plantean la independencia frente a las iglesias, el Estado, los empresarios y los partidos políticos. Pero, recientemente, en especial durante las campañas electorales para Presidente y Congreso de la República, alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales, la Sede Sindical y buena parte de los recursos son puestos al servicio de Directorios Políticos para una u otra campaña, subordinándose a esta dinámica la preparación por la base de las necesarias luchas contra la explotación capitalista y por las reivindicaciones salariales, prestacionales, culturales y referentes a la estabilidad laboral del magisterio. En muchos casos los cargos dignatarios asumidos en la dirección del sindicato se reducen y son utilizados como mero trampolín para acceder los llamados “cuerpos colegiados” regionales y locales; haciendo esto en detrimento de los Planes de Lucha directos para arrancarle reivindicaciones a la patronal y su gobierno. Paradójicamente, cuando se reconoce que más se ha participado en las instituciones burguesas del Estado (Congreso, Asamblea, Concejos), es cuando más hemos perdido reivindicaciones, de tal modo que el lema “demande y vote” asumido como táctica permanente, ha propiciado grandes derrotas al magisterio y sólo ha traído desconcierto y frustraciones a la base magisterial. Por eso es necesario reiterar que los fondos económicos y la infraestructura del Sindicato deben ser utilizados, en su totalidad, en y para la preparación de la lucha directa de los trabajadores de la educación, por sus aspiraciones estratégicas articulada a su lucha de resistencia, cuyas tareas implican a la formación, política, sindical, pedagógica y científica de los asociados y el pueblo aliado. Es necesario velar para que los dirigentes sindicales dediquen las comisiones sindicales a la labor de generar conciencia de clase, preparación y orientación de las luchas del magisterio. Es necesario vigilar para que quienes controlen el “poder” dentro del sindicato no lo utilicen para negociar con la patronal el control absoluto sobre las comisiones sindicales puestas, no al servicio de las bases sino del trabajo (casi siempre electoral y de control de los afiliados) de sus partidos y organizaciones políticas. En esta lucha no se puede avanzar sin combatir las prácticas clientelistas y gamonales que viene haciendo parte de la dirigencia sindical, aprovechándose de los cargos de representación y los activos (bienes) del sindicato.

d. El CEID-ADIDA, tras el merecido reconocimiento que nacionalmente tiene, ha venido cayendo en un franco deterioro, cuyos principales síntomas son:
· Ausencia de democracia interna. Los espacios para el debate y el intercambio han desaparecido; en los últimos años no se han realizado los seminarios que para unificar criterios y profundizar en las posiciones pedagógicas se hacían al finalizar el año, antes de la asamblea de delegados y cada que un tema coyuntural o resultado de un proceso de investigación lo ameritaba,
· La actual estructura del CEID hace posible que aparezcan a su nombre propuestas y planes que no han sido procesados en sus estructuras y que el resto de la comunidad académica desconoce,
· Se han adoptado como propias del CEID propuestas tales como la de “FACE”, a pesar de los reparos que en el terreno político, pedagógico e ideológico se le hicieron planteando que se trata de una propuesta que encaja en el proceso de la plantelización y del avance de los esquemas del currículo de acreditación al servicio del TLC (un elemento principal es la proclamación de la “resiliencia” como herramienta pedagógica, tal como lo ha venido asumiendo el MEN en el currículo de acreditación). Lo cierto que es que ese programa se adoptó sin que un proceso serio de debate al respecto se hubiese adelantado en el CEID.
· Aunque desde el CEID se hicieron aportes y se le entregó a la Junta directiva, los elementos necesarios para pronunciarse contra el modelo de la “pentacidadad” y los atropellos que en su implementación se han dado contra los maestros, la junta nunca se pronunció, ni se definió una política, y menos un plan concreto de actividades (que sí le fueron propuestos) para enfrentar este desafuero. Aquí de nuevo le tocó a los maestros de base afrontar solos la ofensiva patronal,
· Igual ocurrió con el decreto 1290. Este instrumento de la privatización de la educación pública es de abril de 2009; la ley 1324 que privatiza el ICFES y lo convierte en herramienta de privatización y el decreto 2355 que permite entregar a particulares los colegios y escuelas oficiales, son de junio y julio de 2009. Le entregamos a la junta directiva los elementos de juicio mostrando como éstos son los instrumentos legales que dejan fuera de cualquier duda el sentido de las actuales política publicas en el terreno de la educación, pero al día de hoy no hay un pronunciamiento claro ni una orientación certera al respecto. A la junta directiva le presentamos, oportunamente, un análisis de esta legislación y una propuesta concreta para afrontarla; pero a un año, sólo hemos encontrado interferencias que han intentado impedir que podamos dar a conocer estos puntos de vista construidos por la investigación conducida desde la base. Todo esto por una razón: como los partidarios del grupo hegemónico no se han podido apropiar de una clara posición al respecto, prefieren que nada les llegue a las bases, con tal de impedir que a otros se les reconozca el trabajo. Lo cierto es que el gobierno sí avanza en la implantación de los procesos de plantelización, y de aplicación de la agenda que llevará a declarar “insuficientes” a “los planteles educativos” para entregárselo a particulares, a cambio de favores políticos o simplemente en la lógica de hacer de la educación una mercancía rentable. (La propuesta que hicimos es simple: hacer un seminario intensivo de tres o cuatro días con unos 150 o más activistas que estén dispuestos a asumir esta pelea; luego de prepararlos, por parejas, estos activistas llegarán a todos y cada uno de los municipios y/o núcleos educativos para exponerle a la totalidad de los maestros el punto de vista que lleve a organizar los Comités de Defensa de la Educación Pública con los padres de familia y los estudiantes, que impidan con la organización y la movilización que las escuelas y colegios públicos sean declarados insuficientes y, de serlo, lograr que no puedan ser entregados a particulares). La propuesta no ha sido considerada, mientras que sí avanza la propuesta del gobierno de la mano de proyectos como el de Pentacidad (frente al cual la junta directiva, lo reiteramos, guarda silencio) o de FACE que cuenta con su visto bueno y su entusiasta apoyo.
· El Ministerio de Educación tiene una estrategia clara: que le “rinda la platica” luego del brutal recorte de los recursos contenidos en el Sistema General del Participaciones. Para ello son buenas todas las estrategias: por ejemplo, hacer que con menos maestros se atiendan más estudiantes. Esto se puede lograr si contabilizan en minutos (en “horas de sesenta minutos”) el tiempo de las horas de clase. Así, si una hora-clase que, antes de toda la ofensiva neoliberal equivalía a 45 minutos, tiene menos de los sesenta minutos… los docentes deben, entonces, “dictar” otras horas más, por encima de las 22 que impuso el decreto 1850. De este modo, cada maestro irá asumiendo la “carga” de otros. Esto se reviste de un descarado discurso que habla de la “preocupación por el tiempo efectivo de clase”. Así surge la pretensión de quitarle a la hora de clase el necesario descanso pedagógico. Tras el argumento de que “la ley es la ley”, la junta directiva de nuestro sindicato se suma a la interpretación retrógrada que el ministerio hace en esta materia del ya lesivo decreto 1850. En lugar de organizar la lucha por su derogatoria, y de resistir desde una clara concepción pedagógica que reitera que el tiempo de descanso es necesario al proceso de enseñanza-aprendizaje, las orientaciones oficiales del sindicato, contrariando la resolución votada por unanimidad en la asamblea XXXII, contemporizan con el Ministerio, en una propuesta que: A) reduce el descanso diario a 30 minutos (distribuidos, “recomendablemente” en uno de 20 y otro de 10 minutos) B) le exige a los docentes y a los estudiantes que, en este exiguo tiempo realicen, además, un “proyecto pedagógico lúdico”, con el carácter de asignatura, constituyéndose en “una actividad de acompañamiento obligatorio, por parte de los docentes, a los y las estudiantes”
· Así, lo único que importa es que “el maestr@ en secundaría cumplirá un total de un mil trescientos sesenta (1.360) cifra superior a los un mil trescientos veinte (1.320) minutos que como mínimo debe de dedicar un educador a su asignación académica”. Aquí, no se tiene en cuenta el efecto nocivo de la falta del descanso y del necesario recreo. Esto redundará en la agudización y generalización de patologías como la del síndrome de atención deficiente, entre otras. Lo único que cuenta, para este punto de vista, es que los maestros estarán en clase un poco más de los minutos que el ministerio quiere que estén.
· Frente al decreto 1278, luego de años de trabajo de la ESA, se reconoce que su trabajo no ha logrado la suficiente “madurez” como para que el sindicato pueda sentar una clara posición, y trazar unas recomendaciones políticas y pedagógicas de emergencia. Declarada su “minoría de edad”, se rehúsa a orientar a los maestros que esperaban una guía. No pudieron ver lo que es claro para quienes hemos estado al frente del debate pedagógico con el Estado: que el documento que el ministerio hace llegar a los maestros que aspiraban a subir en el escalafón o escalar en el nivel salarial, con el pretexto de ofrecerles una “guía”, dejaba establecido, por primera vez, con todos sus matices explícitos, un punto de vista oficial reaccionario sobre el currículo de acreditación que el Estado viene imponiendo y sobre el tipo de maestro que necesita para impulsar la actual fase de privatización de la educación pública, en los esguinces del TLC. Inicialmente el material siembra entre los maestros el pánico y genera confusión y el Sindicato les vuelve la espalda. Se limita a reenviar, sin una sola crítica, el documento oficial. Pero ocurrieron desafueros más allá de esto, que debería tener claro el sindicato si, en verdad, viniese trabajando sobre lo que representa el decreto 1278. Lo cierto es claro y sencillo: aunque en el CEID, al menos un grupo tenía un punto de vista elaborado (dado a conocer a la junta) sobre todo esto y sobre su articulación al conjunto de las políticas públicas en materia de educación, oficialmente se prefiere invocar la “falta de madurez”, y dejar a los maestros librados a su propia confusión, sin hacer nada al respecto. O mejor: impidiendo, incluso mediante despóticas determinaciones que, como activistas de base, quienes tenían algo que decir al respecto lo pudieran hacer. No importó que se explicara que no se iba a comprometer el nombre del sindicato o del CEID, bajo el subterfugio de que “quienes perdieran la evaluación, le echarían el agua sucia al sindicato”, negaron el permiso para utilizar nuestras instalaciones y quienes persistimos en la tarea, debimos, sobre la marcha, limitar la actividad propuesta y conseguir, apresuradamente, otro espacio.
· La plantelización es la actual etapa del proceso de privatización. Esto lo dijo claramente la comisión pedagógica de la asamblea anterior. Allí se denunció el MECI, las aplicación de las normas ISO, los procesos de acreditación que se le vienen imponiendo a las “Instituciones escolares” con su secuela de absurda reducción de la práctica docente a llenar formatos. A pesar de esto, nada se ha hecho, organizadamente para confrontar este aspecto de las políticas públicas en materia de educación.
· Los mandatos de anteriores asambleas sobre este tema y otros como la investigación, el ISP, las publicaciones y su distribución, los espacios para el CEID y sus equipos de investigación, los instrumentos para el trabajo (la edición del conjunto de documentos del CEID sobre su línea pedagógica e investigativa), se han “enmochilado”. Y no sólo eso: se ha trabajado, conscientemente en contravía a lo definido por la asamblea.
· La investigación en el CEID ha devenido en un ejercicio formal, ausente de rigor, de la mano de los esquemas impuestos por el Estado colombiano y que ya habían sido denunciados por la anterior asamblea, que se declaró contraria a la perspectiva de la privatización de la investigación, establecida con las normas que modificaron el carácter del Colciencias. Los “pares académicos” a los cuales se ha aproximado el CEID han dado criterios policiacos y sesgados desde la ideología posmoderna, en contra la de investigaciones del equipos del CEID que erigen su crítica al estatus quo.
· Las resoluciones que sucesivas asambleas han ordenado avanzar por el camino de la construcción de ISP, se han desobedecido flagrantemente. Pesa hoy mucho más el criterio que se esconde en la reivindicación de un “estatuto docente unificado” que toma como criterio para el ascenso en le escalafón nacional la capacidad económica que tenga el docente para comprar un titulo que, su producción pedagógica.

e. Reclamación de intereses por mora en el pago de la prima de vida cara: En el año 2002 al 2005, el gobierno departamental dejó de pagar oportunamente las primas departamentales contenidas en el Decreto 1042 de 1978. Por este motivo, la Junta Directiva de ADIDA acordó con el asesor jurídico Osman Hipólito Roa la reclamación de intereses debido a la tardanza en la cancelación de tales emolumentos. Según el Acta 802, del 12 de mayo de 2004, el Convenio entre la Junta Directiva y el abogado implicaba que no se tocaría el básico (la deuda) sino que, por trámite administrativo, el asesor cobraría 20% de lo recuperado, o por trámite de demanda, el 30%. Así mismo, tal como puede comprobarse por la publicidad que se trasmitió por la emisora radial en los programas “Despertar Educativo” y “Actualidad Educativa”, el compromiso del asesor jurídico fue claro: no cobrar por adelantado (Existe al respecto grabación magnetofónica, además del acta 802). No obstante, a centenares de docentes —que no han recuperado los intereses moratorios— se les cobró— y por adelantado— desde medio millón de pesos hasta varios millones por el “trabajo”.
Todo esto con los siguientes dos agravantes: 1) Que muchos docentes del departamento fueron presionados por el asesor jurídico para pagar por adelantado; 2) Que en Medellín impusieron descuentos de nómina sin que haya habido la firma del docente para ello ni la orden judicial pertinente. Nadie ha explicado qué pasó con los compromisos convenidos en la reunión de Junta Directiva de ADIDA e informada en el Acta 802: ¿Por qué a miles de docentes se les impusieron cobros anticipados y del sueldo básico o capital? ¿Estamos ante una estafa o sólo ante una oportunidad para enriquecerse a costillas de las necesidades de los maestros y de los usos del aparato sindical y jurídico? ¿Por qué, aunque esto se planteó, la dirección del sindicato se hizo la de la “vista gorda”?
f. El funcionamiento del Fondo de Auxilio Solidario por muerte del docente (FASM). Cuando la Junta Directiva de ADIDA constaba de 14 dignatarios y se vivían tiempos de la llamada “guerra sucia” (1987…), la organización sindical, democráticamente, tomó la decisión de poner en funcionamiento un Fondo para auxiliar a la familia del docente socio que falleciera. Inicialmente, por el deceso de cada educador, nómina departamental descontaba $50 pesos. Hoy, luego de varias reformas, los maestros afiliados cotizan 4% del mínimo, tanto en febrero como en Agosto. Como contraprestación, los beneficiarios del fondo reciben 22 salarios mínimos.
El parágrafo del Artículo 2 del reglamento condiciona el disfrute del auxilio a que en el momento del fallecimiento el cotizante esté a paz y salvo. Leemos el texto, tomado del reglamento vigente al año 2010: “Los pensionados de que trata el artículo anterior, tendrán derecho a disfrutar de los beneficios del Auxilio Solidario por Muerte sin el requerimiento de ser Asociado a ADIDA siempre que al momento del deceso estén a paz y salvo en las cotizaciones al Fondo, sin embargo ésta será una prerrogativa exclusiva, ya que no podrán disfrutar de ningún otro derecho por no tener el carácter de asociado” (Resaltos fuera del texto).
No obstante lo anterior, centenares de docentes, por el retraso de 1, 2 ó más cuotas, han sido desconectados del auxilio solidario, sin importar que hayan cotizado 10, 20 ó 22 años. Por dichas razones, los maestros pensionados y retirados, reiteradamente le han reclamado a la Junta Directiva de ADIDA —y hasta a la Asamblea Delegataria— 3 elementales puntos: a. Automatizar el descuento de los porcentajes del salario mínimo, de la mesada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (FNPS); b. Permitir el pago de las cuotas atrasadas, con su debida indexación; c. En caso de no ser resuelto favorablemente –para el desconectado- el punto precedente, devolver las cotizaciones hechas desde 1987, también de manera indexada. La respuesta de la Junta Directiva a esta reclamación ha sido la rotunda negativa. Para ello, incluso, hubo manipulación de la Asamblea de marzo de 2009, de tal manera que se negara lo que en la comisión de finanzas había tenido buena aceptación por parte de las bases.
Preguntamos para que se nos explique: ¿Por qué no es posible que se automatice el pago de la cotización al FASM?, ¿a la Junta Directiva le interesa desconectar al máximo número de pensionados retirados para que funcione como lo hacen las pirámides, donde para que funcione el sistema alguien debe resukltar “tumbado”?, ¿dónde queda el lema original del Fondo: “Este es un servicio de ADIDA para el magisterio y el fomento de la conciencia solidaria”?, ¿por qué en el Noti-ADIDA, de junio de 2008, la Junta Directiva de ADIDA excluyó el parágrafo del Artículo 2 del reglamento del Fondo del FASM que contiene el derecho al auxilio?.
Al respecto también es, urgente y necesario que, con toda claridad, se diga qué hay de cierto en las versiones según las cuales en desarrollo del Convenio firmado por la Junta Directiva del Sindicato con el fin de pasar la administración del FASM a la “Corredora de Seguro de la Empresa Aseguradora Solidaria de Colombia” , tres directivos de ADIDA recibieron “comisiones” que sobrepasan los 33 millones de pesos.
g. ¿Democracia sindical o autocracia de la aristocracia sindical?. Hemos sido defensores de la democracia obrera, sindical que es la democracia proletaria en el seno de las organizaciones de las masas. Por ello repudiamos la maniobra, la trampa, la manipulación y la intriga que se ha venido tomando el aparato sindical distorsionando el carácter de este espacio de los trabajadores de la educación. Una pregunta sencilla que hacemos a la Comisión de Ética es ésta ¿Por qué a la plenaria de la XXXII Asamblea de ADIDA no se llevó la Resolución propuesta por el Comisionado de Ética que –con justicia- reclamaba la suspensión de la publicidad a la Fundación Médico Preventiva en los canales de comunicación del sindicato, entre otras razones, por ser ella una empresa privada que se ha prestado para deteriorar aún más la salud del magisterio, convirtiéndola en negocio rentable? ¿puede, impunemente, una persona o un grupo político enmochilarse, así de fácil, las Resoluciones como la aquí comentada?, puede impunemente, si es aprobada, simplemente ignorarla la dirección del sindicato?
Aspiramos a que, algún día la Comisión de ética funcione como una fiscalía colectiva. Para que pueda serlo, en ella deben tener asiento mayoritariamente, las fuerzas y posiciones que no tiene representación en la Junta. De lo contrario su gestión se parecerá a la de nuestro procurador general que opina de acuerdo con los intereses del gobierno que lo eligió. Sin embargo creemos que los comisionados de ética, pueden dar, o deberían dar sobre estas prácticas, respuestas que satisfagan al magisterio. Estamos convencidos que la mejor manera de defender la organización sindical es rescatando su carácter de clase trabajadora y al servicio del magisterio, el proletariado y el pueblo; es reafirmando la necesidad de que el sindicato sea instrumento de la lucha de resistencia directa contra la voracidad capitalista; es retomando la lucha por un currículo que forme sujetos, no al servicio del gamonalismo y el clientelismo, sino del nuevo país, la nueva nación, la nueva cultura, el nuevo poder, sin explotación ni opresión. Es necesario organizarnos de tal manera que impidamos la DESAPARICIÓN DE NUESTRO SINDICATO POR LA VIA DE LA CORRUPCIÓN, EL ANARCOSINDICALISMO Y LA MANIPULACIÓN. Es urgente dar todas las batallas que sean necesarias para erradicar las prácticas sindicales corruptas como el “cvy”. Es forzoso luchar, en fin, contra el burocratismo, el anarco-sindicalismo y el individualismo burgués que también carcome vastos sectores de la dirigencia sindical del magisterio.
Convocamos, en defensa de nuestra organización sindical, a firmar este documento, respaldándolo. No queremos, no podemos seguir confundidos y dispersos, es necesario recuperar para las bases una dirección consecuente, que combata las prácticas sindicales que liquidan la organización.
Nueva Cultura
Movimiento Pedagógico Orlando Zapata
Febrero de 2010
Véase: http://www.pedagogiaydialectica.org

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